El Ayuntamiento de Albacete ha decidido contratar un gabinete privado de abogados ante los numerosos procedimientos judiciales abiertos que se mantienen en la actualidad y que requieren la intervención de los letrados municipales para la presentación de escritos y documentos, asistencia a juicios orales, pruebas y comparecencias, notificaciones y demás diligencias que realizan estos abogados ante tribunales y juzgados de diversos órdenes jurisdiccionales.Para externalizar parte de este servicio jurídico, el gobierno municipal ha formalizado un contrato menor de servicio jurídico con un despacho de la capital por importe de 17.500 euros, a lo que hay que sumar un IVA de 3.150 euros. Según el contrato al que ha tenido acceso ‘La Verdad’, el despacho de abogados emitirá mensualmente una factura de 2.950 euros con IVA incluido, por un periodo de siete meses.
Un informe técnico elaborado por el servicio jurídico del Ayuntamiento y destinado al servicio de contratación y compras explica que, ante los numerosos procedimientos judiciales abiertos en el Ayuntamiento, los medios personales existentes en el servicio jurídico municipal -entre ocho y diez letrados contando la Gerencia de Urbanismo y la Sección de Empleo- son «insuficientes» y por ello resulta «necesario y urgente» que se dote de personal jurídico al servicio para cubrir sus necesidades.
La polémica podrá surgir porque este informe rechaza acudir a la bolsa de letrados recientemente formadas tras un proceso selectivo, ya que según Recursos Humanos, su única integrante -empleada municipal en la Sección de Empleo- se encuentra de baja laboral por su próxima maternidad. Teniendo en cuenta que la situación es «muy urgente», resulta «imposible» esperar al alta médica de la referida trabajadora, por lo que se propone que, «de forma provisional», se efectúe un contrato menor de servicios jurídicos con este despacho formado por «profesionales especialistas en materias propias de la administración local».
Esta especialidad es precisamente la que hace sospechar a algunas secciones sindicales que la externalización de parte del servicio jurídico del Ayuntamiento obedece a los futuros expedientes de regulación de empleo (ERE) que se sospecha se llevarán a cabo en programas como el Pecas, en la Sección de Empleo o en las cocinas y comedores municipales.
En principio, las fuentes sindicales consultadas denunciarán próximamente que se cubran puestos de trabajo de la administración con contratos menores.
