La plantilla de la Policía Local de Cuenca tiene 53 agentes y su edad media supera los 50 años. Aunque a partir de los 55 ya no deberían patrullar, el Ayuntamiento de la capital quiere que se adelante la edad de jubilación a los 60 años para, por un lado, garantizar la seguridad, «ya que un policía con edad avanzada es un riesgo para su propia seguridad en el trabajo y para una eficaz protección de los ciudadanos»; y, por otro, para equipar su situación laboral con la del resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Con tal fin, el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Popular aprobaron ayer una moción conjunta para instar al Gobierno central a que realice los cambios legales necesarios que posibiliten que se puedan aplicar los coeficientes reductores en la edad de jubilación a los miembros de la policía local en las mismas condiciones que se contempla en la disposición adicional cuadragésimo quinta del Real Decreto 1/1994, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, introducida por la Ley 40/2007 de 7 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

Asimismo, en la moción se solicita al Ejecutivo el reconocimiento de la profesión policial «de riesgo» y, en consecuencia, la redacción de un catálogo de enfermedades profesionales que tenga como objetivos «proteger la salud y poner fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la siniestralidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo, así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera, y los requerimientos exigidos para el desarrollo de la labor policial».

Con esta moción, el Ayuntamiento de Cuenca se suma a las reivindicaciones de la Plataforma por el Anticipo de la Edad de Jubilación y la Plataforma Social de Policías Locales, a las que ya han mostrado su apoyo la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las Cortes de Castilla-La Mancha -que ya han admitido a trámite la propuesta-, las comunidades autónomas de Asturias y Cantabria, así como más de medio centenar de ayuntamientos en todo el país, entre los que se encuentran los de Madrid, Bilbao, Valencia, Cádiz, Zaragoza, Oviedo, Ávila o Salamanca.

La concejala de Seguridad, Nieves Mohorte, afirmó que hay que prever mecanismos para garantizar que, en el caso de permitirse la jubilación anticipada, el Ayuntamiento pueda cubrir los puestos vacantes. En este sentido, señaló que para que la medida sea viable, el Gobierno central debería elevar la tasa de reposición, «pues en la siguiente legislatura se podría dar el caso de que haya muchas jubilaciones y de que el Ayuntamiento sólo pueda cubrir el 10 por ciento que permite la ley».

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Pedro José García Hidalgo, valoró de forma positiva el acuerdo, «ya que servirá para renovar la plantilla e incrementar la eficacia».

Respecto a la reposición de efectivo, contestó a Mohorte «que la normativa actual indica que, tanto para policías como bomberos, se puede reponer el cien por cien de efectivos siempre que se cumpla con los niveles de endeudamiento».