El Ejecutivo quiere reducir la plantilla de 2,7 millones de empleados de todas las administraciones.
«Dura y dolorosa». Así será la reforma del sector público que elabora el Gobierno y que, según indicaron cualificadas fuentes del PP, provocará una notable pérdida de empleos en el corto plazo.
Los populares advierten de que el Ejecutivo solo ha realizado hasta el momento los ajustes «más urgentes», pero que continuará en la senda de la consolidación fiscal y las reformas estructurales para intentar recuperar la confianza de España en el tablero económico internacional.
Una vez aprobadas las reformas laboral y del sistema financiero y el ajuste de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación, Mariano Rajoy quiere meter la tijera en lo que considera una «sobredimensionada» plantilla de empleados públicos que en 2011 superaron los 2,7 millones de personas.
La intención del Ejecutivo es que este adelgazamiento del sector público tenga reflejó en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que presentarán en el Congreso en septiembre. Para ello empleará una triple vía: la privatización de servicios, la eliminación de duplicidades entre las administraciones central, autonómica y local, y la aplicación de las nuevas normas que impidan que los gobiernos puedan gastar más que lo que ingresan.
Los populares auguran que será un camino difícil, ya que el Gobierno solo puede actuar de forma directa sobre el 22% de los empleados públicos que pertenecen a la administración central. Las comunidades autónomas emplean al 50% de estos funcionarios y los ayuntamientos, casi al 24%. No obstante, los dirigentes del PP enfatizan que el «histórico» acuerdo cerrado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado jueves, donde los gobiernos central y autonómico reafirmaron su compromiso con la reducción del déficit, puede ser una fórmula utilizable para la reducción de personal.El Gobierno pretende con esta nueva reforma reducir el peso de los servicios públicos en el Producto Interior Bruto de España del 45% actual hasta el 35%, es decir, regresar a porcentajes de 2004. Una reducción de plantilla que, según las fuentes consultadas en el partido gubernamental, supondría el despido de decenas de miles de trabajadores públicos.
El despido de empleados públicos no es un fórmula novedosa en la lucha contra el déficit. Italia, Portugal y Grecia han llevado a cabo despidos masivos de trabajadores de la administración en los últimos meses.
El PP confía en que el sector privado pueda absorber a medio plazo buena parte de estos futuros parados mediante el «trasvase de la riqueza» que el Gobierno pronostica para finales de esta legislatura. Los populares reprochan a José Luis Rodríguez Zapatero que, desde 2004, haya propiciado y permitido el desaforado aumento de la nómina en todas las administraciones, incluidas las gobernadas por el PP. Los dirigentes del partidd gubernamental recalcan que, aunque las reformas de Rajoy no den frutos inmediatos, todas las instituciones europeas han coincidido en que España va por el buen camino. Por ello seguirá «cada viernes» tomando iniciativas en este sentido. El adelgazamiento del sector público sería, a su juicio, otra señal para reforzar la confianza internacional en España.
«La reforma será costosa, complicada y dolorosa, pero es imprescindible para que las administraciones públicas no sean una distorsión», explica un portavoz económico de la dirección nacional del PP. En este sentido, aseveran que la vía más eficaz para lograrlo es eliminar puestos de trabajo y no limitarse a una rebaja del sueldo de los funcionarios, como han hecho Cataluña y Andalucía.
La supresión de duplicidades irá en la línea de la norma aprobada el jueves en el Congreso, que permite al Gobierno asumir todas las funciones sancionadoras en las cuencas hidrográficas que discurren por más de una comunidad autónoma, lo que supone recuperar las competencias sobre la materia.
Viernes de Dolores
En el PP entienden, aunque no comparten, que los ciudadanos hablen de ‘Viernes de Dolores’ cada vez que aluden a los Consejos de Ministros. Defienden sin fisuras la acción de Gobierno de Rajoy como única fórmula para recuperar la senda del crecimiento.
Tras la reforma del sector público, aún quedará otro cambio que puede levantar ampollas, sobre todo entre las comunidades con más peso de los nacionalistas: establecer un mercado único.
