Los funcionarios y empleados públicos sufrirán una nueva congelación salarial en 2013, aunque recuperarán la paga extra retraída el pasado mes de diciembre, la cuál aún no se sabe cuándo se compensará.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El Ejecutivo ha confirmado a los representantes de Función Pública de los sindicatos que las plantillas de las administraciones y empresas públicas tendrán el sueldo congelado por tercer año consecutivo, medida que adoptó el expresidente José Luis Zapatero tras la reducción del 5% de los salarios, y que después fue prorrogada por Mariano Rajoy.
El Ejecutivo, que ayer se reunió con los sindicatos en la Mesa General de la Negociación en las Administraciones Públicas para dar cuenta de las cuentas de las medidas contenidas en los PGE de 2013 que afectan a este colectivo, también ha anunciado que la tasa de reposición -cobertura de las plazas vacantes- se mantendrá en el 0% salvo en algunos servicios públicos esenciales, como Educación, Sanidad o Seguridad, así como inspección del fraude fiscal, sectores en los que la amortización de puestos públicos será del 10%.
VER NOTA DE PRENSA GOBIERNO SOBRE PRESUPUESTOS:
http://www.minhap.gob.es/GabineteMinistro/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/27-09-12%20CM_PGE_2013.pdf
Si para estos últimos se había reducido la oferta de empleo público a este porcentaje en 2012, para el próximo año ésta podrá ser incluso inferior, según decida cada organismo, pasando ese 10% hasta ser un límite máximo.
Además, el Gobierno ha decidido no contratar nuevos empleados públicos en las administraciones publicas, ya sean temporales o interinos. Además, ha concretado la supresión de algunas prestaciones sociales para los mutualistas de Muface. Se trataría de pensiones de viudedad anteriores a 1984 de clases pasivas o la retirada de complementos a mínimos en la pensión al personal del servicio exterior, a los que además no se les pagará el viaje que hasta ahora se les costeaba para pasar la Navidad en España.
Medidas impuestas, sin talante negociador
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), Miguel Borra, califica la decisión del Gobierno como «muy negativa», porque «no ha ido precedida de ninguna negociación». De hecho, señala, a la reunión no acudió el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en representación del Gobierno, sino la secretaria general de la Función Pública, Carmen Sánchez, y además no se les ha entregado ningún documento con los detalles de estas medidas.
Borra denuncia que los funcionarios y empleados públicos acumulan en los últimos tres años una pérdida de poder adquisitivo del 30%. «Las cuentas para el próximo año vuelven a colocar a los empleados públicos en la posición de paganos de la crisis, que ya llevan arrastrada una pérdida del poder adquisitivo de más del 30%, junto a los recortes en su paga extra, la cobertura por incapacidad temporal, los días de libre disposición y de manera generalizada, un deterioro de sus condiciones laborales. A esta pérdida de poder adquisitivo habrá que sumar ahora la inflación de este año», manifiesta en un comunicado.
«Se acaba el tiempo de los recortes y hay que negociar un Pacto de Estado en la Administración Pública», sentenció ayer. Por ello, el sindicato va a mantener las protestas, siendo la próxima convocatoria este viernes a las puertas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El responsable de la federación de la Función Pública, Enrique Fossoul, ha señalado que el Gobierno ha dado «otra vuelta de tuerca» con congelaciones salariales y de la oferta de empleo público por tercer año consecutivo, que, según dijo, supondrá «más desprofesionalización» e «incertidumbre». «Hay un intento muy claro del Gobierno de rendir cuentas a la patronal, que es quien le dicta la política para privatizar servicios públicos», añadió, para apostillar que «es más de lo mismo».
Por su parte, el secretario de Comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano, ha mostrado su «absoluto rechazo» a la decisión del Gobierno y denuncia que Rajoy dispone de un recurso «demasiado fácil» en los empleados públicos «para seguir ajustando las tuercas de los salarios» y cumplir de esta forma los objetivos de déficit. Ninguna acción o decisión justifica que los empleados de la función pública sean «el chivo expiatorio de la crisis». ha dicho.
Según cálculos de los sindicatos, estos nuevos recortes, sumados a la reforma laboral abre a los despidos en las administraciones, podrían derivar en la pérdida de hasta medio millón de empleos en el sector público, que se sumarían a los casi 200.00 empleos que se han perdido en el último año, sin contar las no contrataciones.
http://www.expansion.com/2012/09/26/funcion-publica/1348675194.html
