Creen que el Ayuntamiento se gasta tres millones de euros en personal, representación, asignación a grupos y otros conceptos que podrían recortarse. Critican que se ha aumentado notablemente el personal eventual en esta legislatura
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Una reunión poco fructífera. El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, y la concejal de Hacienda, Paloma Heredero, se reunieron ayer con la Junta de Personal del Ayuntamiento, integrada por CSI.F., SPL, UGT y CCOO, para tratar la ampliación de la jornada laboral de los funcionarios y apaciguar los ánimos de los sindicatos, molestos por la «decisión unilateral» del equipo de Gobierno de que los funcionarios trabajen dos horas y media más a la semana sin contar con la negociación previa que exige la legislación.
Desde la Junta de Personal transmitieron a Page que el Ayuntamiento «no puede saltarse los procedimientos que garantizan los derechos de los trabajadores» e insistieron en que la negociación previa es de obligado cumplimiento. La falta de diálogo sindical, denunciado por las secciones desde la anterior legislatura, se ha agravado aún más esta semana cuando la Junta de Personal decidió que los sindicatos no acudirían a las mesas de negociación convocadas: Las de Policía, Bomberos y Oficinas.
Además, tuvieron la oportunidad de criticarle a Page la postura del equipo de Gobierno, ya que terminó celebrando estas mesas por la presencia de un par de concejales y del jefe de personal del Ayuntamiento, algo «inaudito» para los representantes sindicales que confirma «el espíritu negociador» de estas dos legislaturas.
Respecto al aumento de jornada, los sindicatos explicaron que esta decisión supone un nuevo varapalo para los funcionarios, que han tenido que afrontar un recorte en sus salarios durante el Gobierno de Zapatero y ahora sufrirán una pérdida del 7% de sus retribuciones porque esas dos horas y media más de trabajo semanal no se pagan. La Junta de Personal tuvo la oportunidad de explicar la grave situación laboral que atraviesa el Ayuntamiento por la falta de personal, el déficit actual y la precariedad laboral, que se ha ido intentando paliar a base de horas extras.
Por otra parte, los sindicatos le han propuesto al alcalde un plan de ahorro para rebajar los gastos de representación, de personal y otros costes supérfluos en vez de aplicar el cambio de jornada, tal y como están poniendo en marcha otros ayuntamientos españoles para no seguir el Real Decreto del PP dictado para los funcionarios del sector público estatal.
En este sentido, consideran que la administración municipal se está gastando más de tres millones de euros anuales y podría recortar buena parte si se apretara el cinturón. Al respecto, no entienden porqué no se ahorra en comidas, con un gasto de 40.000 euros anuales, en asignaciones a partidos políticos o en la bolsa destinada a pagar a los concejales liberados y el personal eventual, que ha crecido notablemente en estas dos últimas legislaturas. Por tanto, desde la Junta de Personal esperan que el gobierno del PSOE sea «coherente» con la ampliación de la jornada y unifique su criterio porque los sindicatos se sorprenden de que la postura del alcalde sea distinta que la que defiende su partido en el ámbito regional.
Sin embargo, el alcalde ha comentado estos días que los servicios jurídicos municipales tienen muy claro el asunto, algo que ha permitido la aprobación de la jornada de 37,5 horas en la Junta de Gobierno Local de esta semana.
la normativa. La Junta de Personal volvió a expresar ayer su rechazo a esta medida porque tiene claro que no es de obligado cumplimiento para los ayuntamientos. Desde este órgano de representación de los funcionarios aseguraron que el Ministerio de Política Territorial ha contestado a los sindicatos que han consultado esta cuestión, señalando que el reciente Real Decreto «no es de aplicación a los ayuntamientos».
Además, se expusieron las dudas legales de muchas administraciones locales que han decidido rechazar la medida o aplazarla hasta estudiarla detenidamente, como el Ayuntamiento de Sevilla, encabezado por Juan Ignacio Zoido, también presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). Y aunque volvieron a recibir la misma respuesta del alcalde, que la ley obliga a cumplir esta medida del PP, no se dieron por vencidos y continuaron explicando que el Ayuntamiento debe regirse por el Estatuto Básico del Empleado Público en esta cuestión, que concede potestad a las administraciones locales para autoorganizar la jornada laboral. Y la existencia de un decreto posterior a la aprobación del Estatuto Básico dicta las normas sobre su aplicación y recoge, entre otras cuestiones, «que es de aplicación directa la negociación de la jornada».
De momento, se desconoce si los sindicatos acudirán a nuevas convocatorias en el Ayuntamiento dado su enfado e impotencia sobre la situación, pero darán un paso como representantes de los trabajadores y convocarán una asamblea para informar de la medida y de la postura del equipo de Gobierno. Por tanto, serán los propios funcionarios quienes decidirán si se conforman con el cambio de la jornada o plantean alguna medida de presión.
