El intendente de la Policía Local, Alejandro Morer Bielsa y otros cuatro mandos de este cuerpo, el inspector Antonio Morer Bielsa y los oficiales Julio Morer Bielsa, Ricardo Morer Bielsa -todos ellos hermanos- y Juan José Rocamora, declararon ayer como imputados en el juzgado de Instrucción 4 por una denuncia que investiga el encargo a un detective del seguimiento y vigilancia durante 17 días de febrero de 2008 de la baja de un agente con el objetivo de conocer si supuestamente era fingida.
El trabajo sirvió para expedientar al agente, aunque al final se archivó. El policía local espiado denunció el asunto al Ministerio Fiscal, que lo remitió al juzgado por un delito de vulneración del derecho a la intimidad. El denunciante, que vive en Cartagena, sostiene que estos mandos ordenaron espionaje en su vida privada como represalia por haber declarado como testigo protegido (precisamente por miedo a represalias) contra Ricardo Morer en un procedimiento en el que éste está acusado por la Fiscalía de un delito de omisión del deber de atender un servicio en el que le alertaron de un atraco en una gasolinera y para el que le piden penas de inhabilitación especial.
Las defensas de los investigados intentaron ayer concretar que la iniciativa de contratar a un detective fue una decisión exclusivamente personal de uno de ellos, Ricardo Morer, quien ofreció ayer un testimonio clave. El objetivo era desacreditar al agente como denunciante y testigo del asunto de la gasolinera. Alejandro Morer, máximo responsable de la Policía Local en estos momentos y que acudió uniformado al juzgado, dijo que prácticamente no tenía conocimiento de la actividad del denunciante, ni de sus bajas laborales, ni establecía sus turnos.
Ricardo Morer manifestó que encargó el seguimiento como una iniciativa personal y que fue su abogado, José Luis Zambudio, quien le adelantó los 2.300 euros que costó. Algo que al letrado de la acusación, Juan Francisco Pérez, le resultó, «sorprendente. Conozco pocos casos de letrados que vayan adelantando dinero a sus clientes». Una revelación, que según el togado, también sorprendió a la magistrada que instruye el caso, Isabel Flor, y que intenta desvincular este asunto del uso de fondos públicos del Ayuntamiento de Torrevieja, según la misma fuente. Pérez aportó hasta 28 informes médicos que avalarían los problemas psicológicos que la actuación de los mandos habría generado en su defendido y varios escritos del Defensor del Pueblo que cuestionan el hecho de que el Ayuntamiento no haya abierto expediente disciplinario a esos agentes implicados algunos en un procedimiento por torturas a un detenido desde 2006.
Iniciativa personal
Ricardo Morer explicó que la decisión de contratar a un detective se adoptó para demostrar que el agente estaba cometiendo un supuesto fraude al realizar actividades lucrativas mientras permanecía de baja. Además indicó que los datos personales que se facilitaron al detective son públicos y se pueden hallar realizando una búsqueda en internet. La denuncia asegura, sin embargo, que la matrícula de vehículos, entre otros datos, aportados al investigador, no son públicos.
Además intentaron avalar estos mandos que el «cuadro psiquiátrico que presenta el denunciante en la actualidad tiene su origen en un momento muy anterior» a los hechos.
Defensa
Pese a esta línea de defensa lo cierto es que ese informe del detective sirvió para iniciar un expediente administrativo al agente denunciante, que decidió rubricar por decreto el entonces alcalde Pedro Hernández y que se archivó al conocerse las circunstancias que rodearon la obtención de la información sobre el supuesto fingimiento de la baja, en la que se indicaba que trabajaba como monitor deportivo en un gimnasio. El agente que denuncia el acoso asegura que tiene que ver con la prescripción médica para que hiciera deporte.
En este sentido uno de los abogados de la defensa, José Pedro Gómez, explicó que según sus informes el denunciante ha estado más tiempo de baja que trabajando desde que llegó a la Policía Local de Torrevieja, antes, durante y después de los hechos que han motivado su denuncia. Las manifestaciones de los mandos ante la juez y el fiscal se extendieron desde las diez de la mañana a las tres y media de la tarde. En el procedimiento también está imputado el inspector Carlos Illán, quien ya acudió a declarar en octubre, además de dos testigos, el detective y al abogado Jose Luis Zambudio, que además defiende a Ricardo Morer.
Un expediente disciplinario y antecedentes psiquiátricos
La defensa de los mandos de la Policía Local aportó ayer diversa documentación que, en su opinión, demuestra que el agente denunciante ha ocultado información esencial para entender el caso. Entre otros datos, una sentencia del juzgado de lo Contencioso que avala la decisión del Ayuntamiento de Torrevieja de suspender de empleo y sueldo al agente por estar trabajando poniendo copas en un conocido pub mientras estaba de baja.
Esa sanción disciplinaria se produjo antes del actual procedimiento por hechos «idénticos». También se adjuntó en el acto el archivo por parte de la Agencia de Protección de Datos del procedimiento realizado por el agente contra el Ayuntamiento por el uso de un detective en la investigación. La resolución dice que la actividad de los detectives privados está reglada en España. Además también queda en la instrucción, según la defensa, la resolución de un juzgado de lo Social de Cartagena de noviembre de 2011 que rechaza la pretensión del denunciante de obtener una incapacidad como enfermedad profesional por acoso laboral a raíz del seguimiento, según las defensas.
En este sentido la resolución dice que el agente tiene antecedentes psiquiátricos previos documentados durante su labor como agente en Caravaca. El policía «oculta u omite» además, según el letrado José Pedro Gómez, que su «baja laboral» es anterior a la que denuncia por la que «él mismo atribuye el acoso laboral». D.Pamies
