El Gobierno aclara que negociará con los sindicatos lo que ahora es solo un borrador de resolución
La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha enviado a los subsecretarios de cada Ministerio un borrador de resolución que amplía en media hora diaria la obligada presencia de los funcionarios en su puesto de trabajo y suprime días de vacaciones que se les conceden por antigüedad, entre otras medidas. Con las sugerencias de cada Ministerio sobre este borrador, el departamento que dirige Antonio Betetaelaborará una propuesta definitiva que someterá a negociación con los sindicatos, según matizaron anoche a ABC fuentes gubernamentales.
En el borrador, al que tuvo acceso Ep, se establece que el horario diario de lunes a viernes pasará a ser de 9.00 a 15.00 horas, no hasta las 14.30, como ahora. Eso sí, la jornada semanal se mantiene en 37,5 horas, que los empleados públicos pueden ahora completar en tres horarios: entre 7.30 a 9.00, de lunes a viernes; entre 14.30 y 18.00, de lunes a jueves; y entre 14.30 y 15.30 los viernes. La nueva normativa no establece franjas horarias sino que serán los calendarios laborales los que establecerán los límites horarios máximos y mínimos hasta alcanzar las 37,5 horas.
Adiós a parte de vacaciones
Además se eliminarán los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del trabajador. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente. De aprobarse la nueva normativa, los empleados públicos de la Administración General del Estado estarán obligados a cogerse al menos la mitad de sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, sin que puedan acumularse los días de vacaciones a los de asuntos particulares.
En cuanto a la jornada intensiva de verano (8.00 a 15.00 horas) entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, el borrador de nueva resolución directamente no la contempla. De hecho, en una carta a la que ha tenido acceso Ep, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta recuerda que la jornada semanal es de 37,5 horas (1.647 horas en cómputo anual) y que, si el calendario laboral del centro en cuestión hubiese previsto una jornada de verano, «ésta no podrá suponer un menoscabo» de la jornada anual, «debiendo recuperarse la reducción operada en el periodo estival para completar dicho cómputo».
Adiós a parte de vacaciones
Además se eliminarán los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del trabajador. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente. De aprobarse la nueva normativa, los empleados públicos de la Administración General del Estado estarán obligados a cogerse al menos la mitad de sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, sin que puedan acumularse los días de vacaciones a los de asuntos particulares.
Los empleados públicos estarán obligados a cogerse al menos la mitad de sus vacaciones
El borrador de normativa no ha gustado nada a los sindicatos. Desde CSIF, su presidente de la Administración Central, Francisco Camarillo, también ha expresado malestar por el hecho de que el Ministerio no haya abierto todavía la negociación con los sindicatos, tal y como determina el EBEP. Camarillo juzga «inadmisible» la filtración a los medios de comunicación del borrador antes de hablar con las centrales y teme que el Gobierno apruebe la resolución de manera unilateral, como ha sucedido con las últimas medidas sobre los empleados públicos.
Por su parte, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. critica que el Gobierno pretenda aplicar «unilateralmente» jornadas y horarios incumpliendo lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Para el secretario general de la FSC-CCOO, Enrique Fossoul, el procedimiento de filtración a los medios que está siguiendo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas «ahonda en el deterioro que el Gobierno está aplicando al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos».
