ABC accede al borrador de la nueva ley de seguridad ciudadana: acabará también con la impunidad del botellón.
El Ministerio del Interior tiene previsto introducir, antes de que finalice el año, diversas modificaciones en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para atajar los episodios de perturbación del orden público. Para los casos de infracciones graves se contemplan sanciones de hasta 30.000 euros, que podrían llegar a los 300.000 si se consideran muy graves.
El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz quiere dotarse de medios legales para que los responsables de actos de vandalismo no queden impunes. Aún están recientes los graves disturbios registrados en Barcelona o Valencia, en los que se sucedieron asaltos a entidades bancarias, amenazas a sus empleados, destrozos del mobiliario urbano o resistencia a la autoridad, con la consiguiente alarma social. Interior quiere, de esta manera, actualizar y concretar las conductas que integran el catálogo de infracciones administrativas en materia de seguridad ciudadana.
Así, dichas infracciones, según el plan del Ministerio del Interior al que ha tenido acceso ABC, se ajustarán a un nuevo régimen sancionador. Su clasificación se establecerá en función de la intensidad y gravedad de los ataques que se lleven a cabo contra bienes jurídicos protegidos. Las infracciones podrán ser «muy graves», «graves» y «leves».
Así, de acuerdo con el borrador que maneja el Departamento de Jorge Fernández Díaz, la cuantía de las infracciones muy graves oscilaría entre los 30.000 euros y los 300.000 euros. En el caso de las graves, iría de los 3.000 a los 30.000 euros. Por último, para los casos leves, entre los 300 y los 3.000 euros. Figuraría como falta «grave» la perturbación del orden público que no sea constitutiva de delito (en ese caso se aplica directamente el Código Penal), en actos públicos, espectáculos deportivos, culturales, acontecimientos solemnes o reuniones numerosas.
Falsos profesionales
Serían faltas «graves» o «muy graves» la desobediencia y la falta de respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes cuando no sean constitutivas de delito. En este mismo catálogo, serán consideradas faltas «graves» el uso público e indebido de uniformes, trajes, insignias o condecoraciones oficiales, además de atribuirse públicamente la cualidad de profesional amparada por un título académico que no posea. Y también será tratata como infracción grave el uso público e indebido de capuchas, escafandras, cascos o cualquier otro tipo de prenda u objeto que cubra el rostro por completo.
En el plan que estudia el Ministerio del Interior también es considerada falta «grave» el consumo o tenencia ilícita, aunque no sea destinada al tráfico, de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o drogas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como el abandono de los útiles o instrumentos empleados al respecto en los citados escenarios.Y también será infracción «grave» celebrar un botellón en lugares públicos no autorizados para el consumo de alcohol.
El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz prevé, además, ampliar el plazo de prescripción de las infracciones, de acuerdo con su gravedad. El objetivo es evitar la caducidad de los expedientes sancionadores. Se adecuará el importe de la sanción al fin preventivo perseguido. Además, habrá un régimen agravado para los casos de reincidencia o reiteración.
«Efecto disuasorio»
En su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado, el pasado marzo, Fernández Díaz ya avanzó su intención de llevar a cabo una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, para prevenir y evitar comportamientos violentos contra las Fuerzas de Seguridad del Estado. Una reforma orientada, dijo, «a la actualización y clasificación de las infracciones, así como de las correspondientes sanciones». Interior pretende conseguir con la elevación de las sanciones una «mayor disuasión» contra la alteración del orden público.
