El Gobierno regional ha previsto abrir un proceso de selección de ámbito autonómico. Y en el caso de los agentes seleccionados directamente por los ayuntamientos, la Junta ya ha previsto realizar dos cursos consecutivos de formación en 2020
La Junta de Comunidades tiene previsto abrir una convocatoria autonómica de oposiciones para policías locales de cara a mayo de 2020. Y es que, según las estimaciones del propio Ejecutivo autonómico, Castilla-La Mancha necesitará en los próximos meses en torno a 250 nuevos agentes.
¿El motivo? La entrada en vigor del Real Decreto que establece un coeficiente reductor en la edad de jubilación de la Policía Local, que permite desde enero adelantar en hasta 6 años este retiro y que, de no ponerse remedio a tiempo, podría generar un importante déficit en este servicio público. Las cifras hablan por sí solas: se esperan cerca de 200 jubilaciones solo en 2019, según las cifras que maneja el sector.
El Sindicato de Policías Locales en la región (SPL-CLM) valora esta iniciativa de la Junta de Comunidades, aunque, como matiza el secretario general de esta organización, Juan Pedro Rodríguez Montoro, «llega con un año de retraso». Como advierte, estos nuevos efectivos no estarán en las calles «hasta junio de 2021».
No obstante, el sindicato entiende en parte los motivos de esta demora. Como reconoce Rodríguez Montoro, las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo han sido un obstáculo para la convocatoria de estas pruebas, tanto en ámbito autonómico como por los propios municipios.
A falta aún de convocatoria oficial, este proceso selectivo ya se incluye dentro del anteproyecto de Ley de Presupuestos Regionales, que en estos momentos se tramita en las Cortes. Desde la Junta se insiste en que se realizará sin prejuicio de los procesos selectivos que los ayuntamientos dedican por su cuenta. Es más, son muchos los consistorios que ya han iniciado este proceso, como sería el caso de capitales como Toledo, Albacete o Ciudad Real.
Lo que está aún por decidir es número de plazas, al depender éste del total de municipios que se adscriban a esta iniciativa. De momento, elGobierno regional ya habría remitido a los ayuntamientos una circular informando de su intención de convocar este proceso e instando a los interesados a inscribirse antes del mes de próximo mes de febrero.
No será la primera vez que se toma un medida de este tipo para agilizar la renovación de la plantilla de la Policía Local en la comunidad. En 2007, 2008 y 2010 ya se realizaron convocatorias autonómicas similares, dando servicio en cada una de ellas a una media de entre 15 y 23 ayuntamientos.
Además de esta oposiciones regionales, la Junta ya ha previsto la convocatoria de dos cursos consecutivos de formación de Policía Local en enero y junio de 2020. Cursos que tradicionalmente se realizan solo una vez al año y que son imprescindibles para que estos agentes seleccionados por los ayuntamientos entren en el servicio activo.
Con todo, tanto el SPL como la propia Junta confirman que la formación de los agentes salidos de estas oposiciones regionales se retrasará hasta enero 2021, al no dar tiempo a que los agentes seleccionados se incorporen al curso de junio. Lo que supone «otro año y medio de retraso en la incorporación efectiva de estos agentes», según lamenta Rodríguez Montoro.
Plan regional de armas. Otra de los novedades que plantea la Junta en materia de Policía Local es la elaboración de un Plan Regional de Tiro, que regulará las horas de formación anuales en manejo de armas de fuego de los agentes. Cabe recordar aquí que la Junta de Comunidades ostenta las competencias en materia de coordinación de la distintas policías locales de la región, tal y como se recoge en la Ley homónima de 2002.
Esta es una «reivindicación histórica del SPL», explican desde el sindicato. Hasta ahora, «son los ayuntamientos lo que con sus propios medios tiene que hacer esta formación». Y aunque la Escuela de Formación en Seguridad Ciudadana «cede su galería de tiro», «pueden haber policías locales que lleven más de cuatro años sin tirar», ante la «dejadez» de las administraciones. «Ahora mismo, la Junta no sabe si un policía local ha tirado alguna vez este año», denuncia Rodríguez Montoro.
Entre otras cosas, una reglamentación en este sentido obligaría a marcar un número mínimo de disparos de entrenamiento por policía y año.
Asimismo, desde el SPL se aprovecha para plantear otra de sus «demandas históricas»: la regulación de las armas largas y de las armas eléctricas no letales. Sobre estas últimas, Rodríguez Montoro defiende su utilidad «en la calle». «Nos ayudan bastante y causan menos lesiones», explica.
Y también aprovecha para pedir que sea la Junta quien dote con este tipo de material a los ayuntamientos. Como insiste, la Junta debería hacerse cargo de la «compra conjunta» de un kit policial básico, que incluiría desde las armas y vehículos, hasta los chalecos e, incluso, desfibriladores portátiles. Materiales que, en muchas ocasiones, no pueden renovar los ayuntamientos por falta de presupuesto.
En el caso concreto de los desfibriladores, señaló la paradoja de que estos equipos se están entregando a las agrupaciones de Protección Civil, «que los usan los fines de semana», y no a la Policía Local que los tendría operativos 365 días al año.
