La ministra de Trabajo italiana, Elsa Fornero, ha abierto la puerta a la posibilidad de que Italia armonice las características laborales del sector público y del privado, incluyendo posibles despidos en las plantillas públicas.
En un encuentro con estudiantes en la Universidad de Turín (norte de Italia), Fornero, protagonista de la presentación del plan de ajuste del primer ministro, Mario Monti, por las lágrimas que vertió al hablar de los sacrificios que se pedían a los ciudadanos, indicó que el recorte en el gasto público de su país será «durísimo».
La ministra anunció ayer que el ministro de la Función Pública y Simplificación, Filippo Patroni Griffi, «tiene esta reforma», dijo. «Estamos en contacto, estamos trabajando juntos. No queremos que haya desigualdades de tratamiento entre lo público y lo privado», agregó. «El de los empleados públicos no es un mercado, porque hay reglas distintas. Espero, sin embargo, que se introduzca algo similar a lo hecho con los empleados privados, en lo relativo a la posibilidad de despedir a los empleados públicos».
Las palabras de Fornero llegan en un momento en el que el Parlamento italiano prosigue con la tramitación del proyecto de ley de reforma laboral que el Ejecutivo tecnócrata aprobó el pasado marzo, al que los partidos están introduciendo enmiendas y que toca, sobre todo, los supuestos para el despido, informa Efe desde Roma.
«La reforma laboral tiene que ser valorada en su conjunto. Si uno toma solo partes aisladas se tiende a ver un cuadro parcial y por tanto una perspectiva parcial», dijo la ministra en referencia a las críticas llegadas hoy de la patronal Confindustria, que la considera insuficiente.
«Si uno se esfuerza en ver todo el conjunto no puede sino descubrir que esta es una reforma profunda, compleja, que apunta a la integración, al dinamismo del mercado, a aumentar la productividad del mercado», agregó.
Sobre el plan de revisión del coste de la administración pública abordado por su Ejecutivo, la ministra de Trabajo dijo que este será «durísimo» y que recortará el «gasto improductivo y el despilfarro».
